Ese año el presidente Lucio Gutiérrez en alianza con una mayoría  del Congreso Nacional decidió eliminar, como así ocurrió, a los  vocales del Triibunal de Garantías Constitucionales  y del Tribunal Supremo Electoral.Sinembargo meses después  ese mismo Congreso    también  lo destituyó y asumió Alfredo Palacio.

Gutiérrez  culpó a dichos organismos estatales de conspiración  y obtruccionismo. El Congreso Nacional se unió  al gobernante, para  supuestamente despejar los obstáculos que tenía para gobernar. Las sanciones impuestas a los magistrados y jueces tuvo que pagarlas  el Estado  que por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ordenó  el pago de indemnizaciones a los afectados. Cada uno de los que  apelaron a la CIDH recibieron alrededor de $1 millon de dólares por haber perdido sus cargos.

Ahora el gobierno de Daniel Noboa  propone, sin intermediación legislativa,   a los ecuatorianos para que decidan si los jueces de la Corte Constitucional  deben o no ser sometidos a juicios políticos por sus decisiones antidemocrática e inconstitucionales.

LOS HECHOS DEL 2004

El 23 de noviembre del 2004, Gutiérrez impulsó la reorganización  de los Tribunales Constitucional  y Supremo Electoral,   y  de la Corte Suprema de Justicia.  Los primeros vía juicios políticos y la destitución de los jueces  vía administrativa.

El Congreso Nacional mediante Resolución No. R-25-160 decidió “ declarar que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional fueron designados en forma ilegal” por lo que los cesó en sus funciones.  Algunos,  a la vez  fueron  enjuiciados políticamente.

La destituciones fueron adoptadas, la primera porque el Tribunal Constitucional emitió un dictamen  sobre el décimo cuarto sueldo y la segunda por la mala aplicación del  sistema de asignación de escaños electorales, utilizando “método D´Hondt”.

En Congreso,  el primero de diciembre del 2004, inició el juicio político contra el presidente del Tribunal,Oswaldo Cevallos y los vocales Miguel Camba Campos, René de la Torre, Manuel Jaramillo, Jaime Nogales, Luis Rojas y Simón Zavala. 

Estos  alegaron la ilegalidad legislativa de establecer responsabilidades por haber votado en una u otra forma en las resoluciones.

El 8 de diciembre de 2004, en una sesión extraordinaria convocada por  Gutiérrez el Congreso  con 54  y 56 votos  censuró a los magistrados constitucionales y electorales.

 Fueron  censurados  Oswaldo Cevallos, Jaime Nogales, Miguel Camba, Luis Rojas, Simón Zavala y Manuel Jaramillo. El doctor René de la Torre antes de  tal enjuicimiento político renunció al cargo en rechazó al mismo y Cevallos  fue exonerado  porque  no estuvo en la sesión en que se tomó tal resolución.

Los   recursos de amparo presentados por cinco vocales cesados  fueron rechazados por distintos tribunales penales.

Estos procesos  políticos  en contra de los vocales de los citados  Tribunales  y de la Corte Suprema de Justicia desencadenó una crisis política y social  que culiminó con una movilización  de algunos  movimientos  políticos que se pegaron a las marchas  indígenas  que culminaron el 20 de abril de 2005 cuando el Congreso Nacional declaró el abandono del cargo del Presidente de la República, Lucio Gutiérrez y asumió el  Vicepresidente Alfredo Palacio.

El Congreso dejó sin efecto la resolución por la que se nombró el nuevo Tribunal Constitucional, pero no la reincorporación de los vocales que habían sido destituidos. En abril del 2006 se designó a un nuevo Tribunal, cuyos vocales,  a su vez,  fueron destituidos en 2007  argumentando que el período de cuatro años  había concluido.

 En el  2007 una  Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa para redactar una nueva Constitución, eliminó la institución del Tribunal Constitucional e instauró la Corte Constitucional que es la que funciona  en la actualidad. Ahora los jueces constitucionales están exentos de ser sometidos a juicio político y peor  a procesos penales por sus actos y decisiones.

La Corte Interamericana  de Derechos Humanos consideró que las destituciones  fueron  por motivos políticos  y  ordenó al Estado ecuatorianos  publicar el resumen oficial  de la sentencia; pagar a las víctimas una indemnización, como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como vocales del Tribunal Constitucional, y  pagar indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial a las víctimas, así como el reintegro de costas y gastos.