Los informes se encuentran listos después del cruce información entre los auditores y los declarantes.Los resultados tienen el carácter de reservados y dejarán de serlo, una vez que, se  establezcan responsabilidades penales, según  la Ley de control fiscal. 

Un comunicado oficial del máximo organismo de control, precisó  que actúa en estricto apego a la Ley y a la Constitución;su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política. Las acciones de control que desarrolla  son sistemáticas y técnicas, dice el comunicado.

Revela que desde el año 2024  se ejecutan en las funciones Ejecutiva,legislativa,judicial, electoral,Función de transparencia y control social y gobiernos autónomos, examenes  especiales  sobre las declaraciones  juramentadas de sus representantes y demás funcionarios.

Para ello,anota, se han incorporado el uso de minería de datos y aprendizaje automático,operados con equipos especializados  donados por organismos internacionales para fortalecer la capacidad técnica  y la transparencia de los análisis.

La Contraloría General,  ha reiterado que el examen especial   a  los dos magistrados  con indicios de responsabilidad penal, forman parte de otros seis  examenes especiales  sobre  seis magistrados  que son investigados sobre sus declaraciones de bienes.

Lozada y Terán, dijo el Contralor, Mauricio Maldonado Torres,  no  han podido demostrar de dónde viene el incremento de su patrimonio no obstante que realizaron,cada uno la respectiva declaración juramentada.

Se está politizando el tema ya que no solo los jueces constitucionales son investigados sino  decenas de asambleistas, magistrados  de la justicia, señaló Maldonado Torres en una rueda de prensa.

ESPIRITU DE CUERPO 

La Corte Constitucional emitió  un comunicado para defender a los magistrados Lozada y Terán.”Toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones. Las juezas y jueces han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales, sin que corresponda a la Corte anticipar criterios sobre procesos en curso.” dice.

Advierte   que hay un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025,  por lo que   exige que las actuaciones de control se conduzcan con el más alto rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.

La Corte exhorta a la ciudadanía  mantenerse informada y vigilante en defensa del orden constitucional. La Corte garantiza que sus juezas y jueces continuarán ejerciendo sus funciones con apego a la Constitución y la ley, en la medida en que se mantengan las garantías necesarias para el ejercicio independiente y seguro de su labor, convencida de que la institucionalidad se fortalece con el compromiso responsable de todos los actores públicos.

El juez constitucional Alí Lozada,en su cuenta X pidió que   “exijan al señor contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado”Calificó la filtración como un   hecho  “demasiado grave”.

Según el informe de responsabilidades penales,  Lozada no habría justificado el origen de más de $ 25.000 en cuentas en instituciones financieras locales y del exterior y la omisión de una cuenta bancaria activa, falta de verificación en aportes a un fondo de pensiones en el extranjero y diferencias en registros de bienes, como una bodega no declarada de forma independiente.

El magistrado Terán  en cambio mantiene silencio  mientras la Fiscalía General del Estado  se prepara para iniciar  la investigación previa y espera, según fuentes de esa entidad, los otros informes de la jueces  que están sometidos al examen especial de sus declaraciones patrimoniales.