Por Fernando Borja Gallegos

18 de junio de 2023

La corrupción en el mundo contemporáneo se incrementa en virtud de la facilidad que ciertos gobiernos otorgan a instituciones públicas y privadas, las que actúan al margen de la ley.

En el período del Presidente George Herbert Walker Bush -1989 y 1993-, su Embajador en el Ecuador, señor Paúl Lambert, en un discurso que pronunció en Quito, en la Cámara Ecuatoriana-Americana, el 21 de noviembre de 1991, sostuvo: “… Otro factor que desanima a la inversión extranjera es el problema de la corrupción. La corrupción agota los recursos de un país, malgasta las energías de su gente más talentosa y destruye la autoestima de un país. El Ecuador no puede darse el lujo de ser indulgente con la corrupción. La corrupción no es inofensiva y no puede ser tomada como un vestigio curioso y benigno del subdesarrollo. Es un vicio costoso. Cuesta la inversión. Cuesta el prestigio nacional. Cuesta la autoestima nacional. Destruye los fundamentos de la sociedad”.

Los referidos asertos del Embajador Lambert, como destaco en las páginas 129 y 130, de mi libro “Aquí existió un país: su noble pueblo no pudo contra la corrupción”, primera edición, de 2001, se deben a que, con indignación y, por qué no, con tristeza, miraba estupefacto, la destrucción de la sociedad, por obra de la impunidad que anima a los inmorales para seguir cosechando sus frutos a costa del pueblo ecuatoriano.

El Presidente Barack Obama -20 de enero de 2009 a 20 de enero de 2017- nombró para el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos a la destacada jurista Loretta Lynch, en el ejercicio de su cargo la valiente y ejemplar Fiscal -2015 a 2017-, descubrió la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado –FIFA- y obtuvo el castigo de muchos de sus dirigentes. Persiguió múltiples fraudes y lavado de activos.

La citada Fiscal General aseveró: “… Nada ni nadie está por encima de la ley y que la justicia perseguirá a aquellos que han delinquido sin tener en cuenta lo poderosos que sean”.

La mentada y enérgica declaración, la reproduzco en mi artículo “Odebrech: escóndete te pueden involucrar”, de 8 de marzo de 2017. Dicho artículo forma parte de la página 161 de mi libro EL IMPERIO DEL DELITO, de los indignados de ayer a los enardecidos de hoy”, primera edición, febrero 2020.

El Presidente Donald Trump, -20 de enero de 2017 a 20 de enero de 2021-, ordenó “suspender la visa otorgada a individuos vinculados con actos de corrupción”.

El Embajador de Estado Unidos de Norteamérica, Michael J. Fitzpatrick, en diciembre de 2020 sostuvo “…el gobierno estadounidense retiró 320 visas a ecuatorianos vinculados en casos de corrupción”.

Indispensable subrayar que, en la Cumbre de la Democracia, convocada por el Presidente Joe Biden, en diciembre de 2021, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió “que su país es, en estos momentos, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas, mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas”. Además, aseveró que “Estados como Delaware, Nevada, Montana y, especialmente, Dakota del Sur, operan como paraísos fiscales en los que resulta fácil crear compañías fantasmas”. “… la permisividad de EE UU, con este tipo de operaciones es algo que está a punto de cambiar porque el Gobierno ya se encuentra implementando la Ley de Transparencia Corporativa…”.

No es por demás destacar hechos de corrupción como los que se produjeron en los años 2021 y 2022, en los cuales se rememoró que el señor Nikolás Lobel, diputado del partido de la Canciller Merkel, reconoció haber cobrado 250.000 euros, por comisión para favorecer la compra de mascarillas por parte de la administración pública.

Así también la eurodiputada Eva Kaili, el 10 de diciembre de 2022, fue despojada del cargo de Vicepresidenta del Parlamento Europeo y detenida, por corrupción al vincularla “con ciertos manejos ilegales con Qatar”.

Se infiere de lo expuesto, que es fundamental que todos los gobiernos, se comprometan a retirar las visas otorgadas a quienes se les compruebe, previa la sentencia judicial pertinente, conductas que se riñen con la moral y la ley. De actuar mancomunadamente, la comunidad internacional en este aspecto, se obtendría que los delincuentes se vean imposibilitados de refugiarse en otros países para evitar la condigna sanción.