El mecanismo de asistencia técnica creado  permitirá no solo a Ecuador sino y otros  países miembros de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo,creada  en Guayaquil, el año pasado, recibir apoyo inmediato ante crisis de seguridad,señala un comunicado del Banco Interamericano de Desarrollo.

 La decisión  de financiar a la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado, fue tomada  en Buenos Aires en donde se reunieron, por segunda vez, autoridades de seguridad y justicia de la región, socios estratégicos internacionales, representantes de la sociedad civil y expertos en un espacio de diálogo y cooperación regional.   

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn,  dijo que “con el lanzamiento de la Fuerza de Tarea y el compromiso histórico de US$2.500 millones para los próximos tres años, la Alianza avanza hacia una nueva etapa: una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, comentó el presidente Goldfajn.  

La nueva Fuerza de Tarea es un mecanismo permanente que puede activarse cuando los países enfrentan crisis repentinas —ya sea un aumento de la violencia, un repunte en la trata de personas o vulnerabilidades institucionales— para ofrecer equipos de asesoría en crisis y planes de acción a corto plazo para ayudar a los gobiernos a coordinar policías, fiscales, sistemas penitenciarios y otras instituciones cuando más lo necesiten. 

Además, el BID está simplificando los procesos de preparación y aprobación de cooperaciones técnicas para poder apoyar a los países más rápidamente. Los nuevos procesos permitirán preparar y aprobar una cooperación técnica para situaciones de emergencia en seguridad en 15 días. 

Balance y crecimiento 

Durante la cumbre, Argentina asumió la presidencia pro tempore de la Alianza, sucediendo a Ecuador, que lideró la iniciativa durante su año fundacional. La Alianza hoy cuenta con 22 países miembros y 12 socios estratégicos, y ha logrado avances concretos en sus tres pilares: protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento institucional y desarticulación de flujos financieros ilícitos. 

En su primer año, la Alianza creció y pasó a la acción. Se han lanzado guías regionales para combatir la trata de personas, se ha adaptado una aplicación para el intercambio digital de antecedentes penales, y se han desarrollado herramientas operativas para enfrentar delitos ambientales y financieros. 

Además, se han aprobado US$550 millones en préstamos para Ecuador desde el inicio de la Alianza para fortalecer la prevención del crimen y la regulación de la minería ilegal.