La Corte, sin embargo  de confirmar que la estudiante sufrió acoso sexual de parte del profesor,  sentenció que  “ la proporcionalidad entre un hecho y su sanción depende de la intensidad del daño, los efectos en la víctima y las posibles consecuencias para el acusado,” por lo que llegó a la conclusión  que "la estudiante no había sufrido física ni mentalmente, y que la destitución afectaría negativamente al profesor,”  porque la destitución era “excesiva” y “no proporcional” a la “leve” infracción cometida. 

LA HISTORIA 

El caso ocurrió en un   colegio público de Latacunga.  Un profesor de cultura física acosó sexualmente a una estudiante de 13 años tocándola de manera inapropiada. El rector del colegio denunció el hecho ante la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, pero ésta determinó que no había pruebas para formular cargos y archivó el caso. También el  Colegio  abrió un expediente administrativo y el profesor fue destituido de su cargo. Este apeló la sanción y, tras ser denegada, interpuso un recurso extraordinario de revisión, que tampoco prosperó. Luego presentó  una acción de protección contra el Ministerio de Educación, alegando que se habían vulnerado sus derechos al ser destituido. Un tribunal anuló su destitución y fue readmitido en su puesto. El Ministerio apeló la decisión, y el caso llegó a la Corte Constitucional que dictó sentencia también a favor del profesor sancionado.

Según el Ministerio de Educación la lucha contra la impunidad en el sistema educativo a través de sanciones a docentes ha sufrido retrocesos luego de la  sentencia dictada en el 2021 por  la Corte Constitucional. 

Desde ese año, hay 49 casos en los que  profesores presentaron una acción de protección contra el ministerio por destitución administrativa debido a violencia sexual. Los tribunales anularon las decisiones ministeriales y ha tenido que   reincorporar  a sus puestos  a unos  23 profesores.

Para pagar las indemnizaciones  a los docentes reincorporados, las coordinaciones zonales y direcciones distritales  del Ministerio han tenido que utilizar  los fondos  estaban  destinados para el mantenimiento de las escuelas, no   contratar nuevos docentes y   a medidas de prevención y protección. 

Para evitar que  las estudiantes puedan  encontrarse con los docentes que les sometieron a abuso, el Ministerio los ha  reasignado  a funciones administrativas.