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Viernes, 11 Abril 2025 01:54

ALCALDE ALVAREZ PORTARA GRILLETE PARA EVITAR FUGA

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GUAYAQUIL (Agencia ANE). _  El alcalde de Guayaquil, sus hermanos y otras ocho personas portarán grillete electrónico para evitar su fuga mientras se  tramita el proceso  por el presunto delito  de contrabando de combustibles  por las fronteras, puertos marítimos y fluviales.
La  Fiscalía  provincial del Guayas recogió las  suficientes pruebas  que apuntan a que  los mencionados  sujetos están involucrados  en  este negocio ilícito a través  de  sus empresas de distribución  de derivados  de petróleo.  Alvarez que fue electo para alcalde  del  cantón Guayaquil, ha  negado la acusación y  asegura que se trata de una persecusión política,  discurso  que  es utilizado  por  los  involucrados en otros delitos y que, así mismo, son procesados.Estos como  Alvarez militan en el movimiento Revolución ciudadana.
El juez en base a las pruebas de convicción  de la  Fiscalía General del Estado vinculó a once personas naturales y una jurídica al proceso por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos y fluviales, así como en el mar territorial. La formulación de cargos se llevó a cabo luego de que, en el desarrollo de la instrucción fiscal, se encontraran elementos que hacen presumir la participación de más individuos en los hechos investigados, según señala el comunicado.
 El Juez dictó las siguientes medidas cautelares para el alcalde Aquiles Alvarez, y sus hermanos Juan Carlos Alvarez y Juan Dionisio Alvarez  así como  para Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O. y Edgar C:  prohibición de salida de país, presentaciones periódicas (dos veces por semana) en la Fiscalía del lugar de residencia y colocación de dispositivos de vigilancia electrónica. En el caso de Raúl Z., se dispuso su presentación en la dependencia consular de Ecuador en Nueva York. Adicionalmente, el Magistrado ordenó suspensión temporal de actividades para la empresa Harsajudi S. A.
La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Estos once procesados se suman a las cinco personas naturales y cinco jurídicas que ya se encuentran siendo investigadas, a quienes se les formuló cargos en diciembre de 2024.
Las investigaciones iniciaron tras una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se reportó una irregular distribución y comercialización de combustibles, lo cual habría causado un perjuicio al Estado ecuatoriano. La denuncia revela que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Los elementos expuestos dan cuenta que las personas procesadas habrían establecido relaciones comerciales entre las empresas involucradas, en las cuales se comercializó gran cantidad de combustible, especialmente diésel subsidiado, con presuntas irregularidades en los procesos.
El Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo de la causa, señaló que las empresas procesadas habrían vendido combustibles a varias estaciones ubicadas en cantones fronterizos y zonas mineras, donde se encontraron discrepancias entre la cantidad vendida y la capacidad de almacenamiento. Un ejemplo de ello es una estación que adquirió más de siete millones de galones de diésel, a pesar de contar con una capacidad de almacenamiento de 10.000 galones. Entre 2023 y 2024, se habría encontrado una inconsistencia de 2.7 millones de galones, los cuales no tenían espacio para ser almacenados.
Además, estas estaciones presentaron otras irregularidades, como la venta de diésel y gasolina extra a un mismo vehículo, lo cual es inviable, ya que un automotor no puede funcionar con ambos tipos de combustibles a la vez. También se detectó la venta de gasolina a vehículos con placas que no existen.
Se informó que existirían operaciones comerciales no autorizadas, ya que el hidrocarburo subsidiado se habría desviado hacia el sector industrial y marítimo.
El artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica y sanciona el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.

 

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