Este grupo se refugió y pidió asilo político aduciendo  que eran víctimas  de  persecución  por parte del gobierno  del presidente Lenin Moreno.

Los asambleístas  Luis Fernando Molina, Soledad Buendía,    Carlos Viteri, Gabriela Rivadeneira dejaron la embajada y salieron  a México, junto a sus parientes  Tania Pauker, Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, Luis Flores.

 La recomendación  de la CIDH fue aceptada  por  el gobierno, según se desprende del Informe  que  la citada comisión  hizo  de los acontecimientos  de octubre del año pasado.

La CIDH pidió que se entreguen “ los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en la Embajada de México, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que se preserve sus respectivos núcleos familiares.”

 Fundamentó  tal pedido   basándose  en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que puntualiza  que  toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales.

El permiso de salida  fue otorgado no obstante  de que los citados refugiados ni eran perseguidos  ni  investigados  por los actos de violencia, saqueos, secuestros a fuerzas militares y policíales e incendios  a medios de comunicación y edificios  públicos.

   En ese sentido, con ocasión a la visita, la Comisión recomendó al Estado ecuatoriano entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en la Embajada de México, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que se preserve sus respectivos núcleos familiares. La Comisión saluda la decisión de Estado ecuatoriano de otorgar las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salieran del país, acuerdo a sus obligaciones internacionales en materia de asilo.