Además de esta nueva    sentencia Alavrez  tiene otra  de 3 años  por quitarse  el grillete eléctrónico de control  que portaba en uno de sus tobillos  para  vigilar   sus movimientos mientras  tenía  libertad provisional.

El concejo municipal  de Guayaquil, integrado  por una mayoría  de militantes  del extinto movimiento político Revolución Ciudadana,  decidió  meses antes  que Alvarez no podía  perder el cargo que obtuvo vía electoral. El organismo ha sido convocado de emergencia  para  revisar o ratificar la anterior  resolución municipal.

El Tribunal valoró todas las pruebas presentadas por la Fiscalía  General del Estado,  no obstante  la enorme presión mediática  emprendida para  descalificar las mismas.  Esta campaña  estuvo  encabezada por uno de sus abogados, Ramiro García,  quien  utilizó  las redes sociales y  algunas estaciones  de televisión para   desprestigiar la gestión  fiscal.Este caso de corrupción  querían  revertirlo como si  fueran acciones  de persecución política  del gobierno de Daniel Noboa. En esa dirección apuntaron las campañas y descuidaron los defensores  desvanecer las pruebas fiscales.

Los jueces    en   base en las pruebas presentadas    declarron la culpabilidad de Alvarez y otras ocho personas.Las más altas condenas fueron contra Alvarez,   Raúl Z., Juan A., Édgar F. y Édgar C.La acusación  central  es que estos son   responsables del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Otros sentenciados   en calidad  de cómplices  son   Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C. Estos  deberán  ir la cárcel   durante dos años y dos meses.

La sentencia  además alcanzó a las empresas utilizadas  para estas operaciones iliegales  Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A., Fuelcorp S.A., Indudiesel S.A. y Harsajudi S.A.El Tribunal dispuso su clausura definitiva y disolución.

Los sentenciados, así mismo, deberán pagar  61’ 502.658,39 dólares, como reparación integral a favor de Petroecuador y de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Adicionalmente deberán pagar una  multa de doce salarios básicos unificados (SBU). La multa a las empresas  es de 1.000 salarios básicos unificados (SBU) 

Los jueces  declararon  inocentes a  seis personas.

ORIGEN DEL CASO

La denuncia  fue  presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH),  que alertó sobre diferencias significativas entre los volúmenes de combustible despachados y los registrados como facturados por  las empresas  vinculadas a Alvarez.

Con las pruebas presentadas durante el juicio, la Fiscalía demostró que, entre 2020 y 2024, se desviaron 22’ 777.191,80 galones de diésel y gasolina, lo que generó un perjuicio económico al Estado de 61´502.658,39 dólares.

Según la investigación, el mecanismo consistía en adquirir combustible subsidiado destinado al segmento automotriz y posteriormente comercializarlo en los segmentos industrial y naviero internacional, que no correspondían a su destino autorizado y en los que se comercializaba a precios superiores.

Entre las pruebas analizadas por el Tribunal constan registros de comercialización, información financiera y tributaria, información societaria, registros de despacho de combustibles, así como información proporcionada por organismos de control.

También se expusieron pericias que evidenciaron inconsistencias entre la capacidad de almacenamiento de determinadas estaciones de servicio y los volúmenes de combustible que figuraban como adquiridos.

Alvarez y los demás  implicados fueron sentenciados en base a los  artículos 265 y 264 del Código Orgánica Integral Penal, COIP.