El Consejo Nacional de la Judicatura   modificó  y amplíó  la Unidad Judicial de Garantías Penales; el Tribunal de Garantías Penales   y la  Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para acoger a los nuevos jueces.  Sostiene  que la medida    fortalecerá el sistema de justicia penal, incrementando el número de juzgadores disponibles para causas complejas de más de 35 a más de 50 jueces activos y  con esto se consolida la lucha contra la impunidad, y la especialidad técnica en la materia,así como   garantiza los principios constitucionales de celeridad, eficacia y continuidad del servicio. 

Así mismo se espera  que la  reorganización consolide la competencia procesal en materia de Extinción de Dominio, garantizando un trámite célere y especializado de las acciones patrimoniales autónomas.

De acuerdo con la resolución adoptada  se suprimen las siguientes dependencias judiciales con sede en el Distrito Metropolitano de Quito: 

• Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado;
• Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado; y, 
• Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Además   modificó las competencias de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte Provincial de Pichincha de la siguiente forma: 

• En primera instancia, hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, transferir las competencias en torno a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado a la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito. 
• En torno a infracciones flagrantes vinculadas a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, transferir las competencias a la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la parroquia Mariscal Sucre.
• En etapa de juzgamiento, transferir las competencias en torno a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado al Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito.
• En segunda instancia y para casos de fuero, transferir las competencias en torno a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

De otro lado, se cambian los nombres:

• La  Unidad Judicial de Garantías Penales se denominará: “UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES Y ESPECIALIZADA EN EL JUZGAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
• La Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes se llamará: “UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN INFRACCIONES FLAGRANTES Y FLAGRANCIAS DE DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
• El Tribunal de Garantías Penales se cambia de nombre por: “TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES Y ESPECIALIZADO EN EL JUZGAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.
• La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pasará a denominarse: “SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO Y EN EL JUZGAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA”.

 Las juezas y jueces que integren la Unidad Judicial de Garantías Penales y Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, mantendrán las mismas competencias en materia penal, contravenciones y constitucional que gozan en la actualidad; y además, conocerán y resolverán de manera especializada los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

 Respecto al conocimiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, mantendrán competencia territorial a nivel nacional; mientras que, en torno al resto de materia penal, mantendrán su competencia territorial actual.

Las juezas y jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes y flagrancias de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado conocerán y atenderán a nivel nacional la calificación de la flagrancia y formulación de cargos de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Una vez realizada la audiencia, remitirán lo actuado a los jueces especializados.

 Las juezas y jueces que integren el Tribunal de Garantías Penales y Especializado en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado mantendrán sus competencias ordinarias penales y constitucionales, ampliándose para conocer y resolver la etapa de juicio de las causas por delitos de corrupción y crimen organizado bajo la intervención de una estructura criminal organizada y las circunstancias complementarias. 

Respecto al conocimiento de estos delitos, mantendrán competencia territorial a nivel nacional; mientras que, en torno al resto de materia penal, mantendrán su competencia territorial actual. 

 Las juezas y jueces que integren la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mantendrán sus competencias ordinarias; y además conocerán los recursos verticales derivados de los autos y sentencias en delitos de corrupción y crimen organizado; recursos de procesos resueltos por fuero en cortes provinciales a nivel nacional que cumplan las respectivas circunstancias complementarias; y procesos sobre estos delitos que correspondan a Pichincha de personas con fuero de Corte Provincial; así como las acciones relativas a la extinción de dominio. Su competencia territorial para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado será a nivel nacional, en tanto que, en torno al resto de materia penal, mantendrán su competencia territorial actual.