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Sábado, 29 Febrero 2020 02:55

ACUSADOS DE SOBORNOS DICEN QUE SOLO PAMELA MARTINEZ RECIBIA EL DINERO

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QUITO(FEB.28.02.2020,AgenciAne)._  Los principales acusados  del  delito  de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016, responsabilizaron   a la exasesora y exvicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez  de solo ella recibir  el dinero de los sobornos. 

La estrategia  de cada uno de los  procesados  se enfocó en ese sentido  y  también en contra  de Laura Terán, exasistente de la  señora Martínez.La mayoría de los procesados negaron las acusaciones de la Fiscalía y Procuraduría del Estado, según se desprende  de los testimonios  y pruebas que han venido presentando  ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia  que dirige las audiencias de enjuiciamiento a 21 personas entre exfuncionarios de la RC  empresarios,  el expresidente Rafael Correa y su coiderario y exvicepresidente, Jorge Glas.   

 Hasta el momento, veinte de los veintiún acusados han ejercido su derecho a la defensa.El expresidente Rafael Correa    presentó   uno de los ocho  testigos que  debían ser llamados. Solo rindió testimonio     la exsuperintendenta  de compañías   y expresidenta de la junta monetaria, Soad Manssur.

 Manssur,.   aseguró que en el 2011 había un fondo de solidaridad, administrado por Pamela Martínez  al que entregó   tres aportes de $300.oo cada uno.La declarante admitió que   fue   nombrada   Superintendenta de compañías por la Asamblea, en  base a una terna propuesta por  Correa.El abogado de Correa dijo que el caso Sobornos se inició con información obtenida ilícitamente. Presentó tres pruebas documentales  y renunció, así mismo, a otras que había señalado  en la etapa intermedia del proceso.

Los testigos  que debían ser llamados por pedido de Correa  eran:  su exasesora Pamela, Martínez;   Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas y marido de Martínez   y la secretaria del expresidente, Francois Villalba.

La defensa de Alexis  Mera presentó  cuatro testigos, todos excolaboradores de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Uno de ellos reiteró  que conocía de la entrega de sobres por parte de Pamela Martínez a  su exjefe.

Mera denunció que la señora Martínez recibía     pagos mensuales de $ 20000.oo por parte de Equitesa del empresario  Pedro Verduga, de Odebrecht cerca de $ 400 000 y del consorcio GLP Ecuador, aproximadamente $ 250 000.    "A mí me procesan por lo que dice y lo que escribió Martínez en un cuaderno, pero nada se ha probado… dicen que recibí dinero en sobres, pero la única que habla de dinero es Martínez",dijo desde su domicilio  en donde permanece con arrestado bajo vigilancia policial y con grillete de control. No aceptó preguntas de la Procuraduría ni de la Fiscalía. A continuación, su defensa practicó la prueba documental

La defensa del exsecretario nacional del Agua y exministro de Obras Públicas, Walter Solis  renunció a la prueba testimonial   y solicitó la incorporación de veinte pruebas documentales para que sean valoradas por el Tribunal.

La exministra María de los Ángeles Duarte  también culpó a las señoras Martínez y Laura Terán como las cabezas   encargadas de    recaudar dinero de manera irregular.  “Ellas armaban todo y organizaban las reuniones”, dijo  y admitió que conoció que había    una estructura para  la recaudación  irregular  de dinero.

Las procesadas Pamela Martínez  y Laura Terán   se limitaron a presentar sus pruebas documentales de descargo.

La defensa del procesado Vinicio Alvarado .   tampoco  presentó ninguna  prueba documental, pericial o testimonial.

  Para  este lunes  2 de marzo  se espera que comience  la recepción  de cada uno de los cien testigos que ha pedido se presenten el exvicepresidente, Jorge Glas Espinel.Estos testigos no se presentaron este viernes por lo que  deberán llegar acompañados de la fuerza pública.

 El  Tribunal se  negó   incorporar un informe del Consejo Nacional Electoral que habla sobre el caso Arroz Verde,     que se pericie un disco duro donde estaría el archivo original de los denominados archivos verdes, que  había solicitado la defensa de Correa.

 Fue rechazada la petición por el Tribunal  y también por la Fiscalía General,  porque la defensa de Correa   pretendió violentar los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y la lealtad procesal, tratando de introducir como "prueba nueva" un objeto informático "obtenido de manera ilícita e ilegal cuya fuente y tratamiento de cadena de custodia son desconocidos".

  

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