El INEC  calcula, de acuerdo  con el último censo de población y vivienda del 2010,que  la población  indígena  es  del 6,8% al 7% de la población total, es decir,  1  millón 530 mil personas  que  se concentran   en los centros urbanos  en un en un 21% y el 79% en las zonas rurales.Ha tenido un incremento de unos 187 mil 758 personas en los últimos diez años, precisa la  fuente y cuyos datos han sido tomados para un estudio del banco mundial  sobre la situación del indigenismo en América Latina.

Los indígenas ecuatorianos  se agrupan en    32 pueblos y   nacionalidades que hablan 13 lenguas   distintas.  El gobierno  del presidente Lenin Moreno ante la emergencia  nacional por  la pandemia del coronavirus ha  tomado algunas medidas  para precautelar la sobrevivencia de esta población aunque no en la magnitud  que  las organizaciones indígenas  han demandado.

En un informe  entregado a la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH el gobierno  asegura  que adoptó   un protocolo     para la prevención y contingencia de Coronavirus   en el área de influencia de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. Este    prevé el procedimiento para que las instituciones con competencia en el territorio  brinden especial  atención médica a los pueblos   en aislamiento voluntario.

En esta labor de prevención, tratamiento  de un caso sospechoso o de un diagnóstico positivo,  están involucrados  los ministerios  de  Defensa Nacional,   Ambiente y Agua, Salud Pública y  la Secretaría de Derechos Humanos. El Protocolo incluye además lineamientos de acción comunitaria adaptados a las tradiciones y costumbres de cada comunidad, siendo los líderes comunitarios los llamados a difundirlos. Sin embargo la CIDH   indica que estas pautas  protocolo han sido elaboradas sin la participación de representantes de las comunidades. El   documento no solo es para  aplicarse    en comunidades, pueblos y Nacionalidades sino también para la población  afroecuatoriana y montubia, según corresponda.

A nivel regional la CIDH    ha advertido a los Estados en distintas oportunidades sobre los riesgos crecientes que afrontan los pueblos indígenas, especialmente los conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividadesextractivas, los cuales, a su vez, inciden directamente en el derecho a laalimentación, al agua y a la salud.