DIARIO EL TIEMPO DE QUITO
13 DE OCTUBRE DE 1979
Espejo del Ecuador
LAS VÍCTIMAS DEL CAMBIO
Javier Simancas C.
La Constitución Política de la República señala que “El trabajo es un derecho y un deber social” y que “La Ley asegura al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración que cubra sus necesidades esenciales y las de su familia”... Este principio está siendo desconocido y ya son varias las denuncias de los atropellos que en flagrante violación a este norma jurídica se vienen cometiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Mientras las máximas autoridades del Ejecutivo sostienen que existen plenas garantías para los servidores públicos, los gobernadores de provincia, los jefes de las oficinas del Registro Civil, de las direcciones provinciales de salud, educación; en los hospitales públicos, están cometiendo un verdadero festín con los cargos, sacando a unos para poner a otros, como en los viejos tiempos en que los velasquistas, ni siquiera esperaban la renuncia de sus antecesores, sino que tomaban de hecho posesión de sus cargos.
Con estos actos de injusticia, cuyas denuncias llegan constantemente desde Loja, El Oro, Azuay, Esmeraldas, para citar algunas provincias, en nada se está solucionando el problema social de miles de ecuatorianos, de los trabajadores públicos que con grandes esfuerzos han logrado una ubicación para poder alimentarse, para poder educar a sus hijos, para responder a las exigencias que impone la gestión administrativa del Estado.
Los déspotas provinciales, están actuando arbitrariamente despidiendo a los empleados antiguos para satisfacer sus compromisos locales e incluso partidistas, a espaldas de sus superiores a quienes engañan con falsas renuncias que los funcionarios jamás presentaron.
Hasta presiones de tipo sicològica se están utilizando. El caso más dramático se ha dado entre la Corte Provincial de Justicia de Pastaza: El Partido CFP ha elaborado una lista de despedidos en la que no se salva ni el portero.
No quitando a unos los cargos , para darles a otros se está haciendo justicia y se está cumpliendo la Constitución Política. Si el proceso de normalización democrática comienza con hechos como los denunciados, que violan los Derechos Humanos, nada saludable nos espera a los ecuatorianos, que ya hemos soportado un largo período dictatorial y ahora estamos presenciando esa pugna de poderes que al final lo único que conseguirán , es que se profundice la ya dividida sociedad ecuatoriana y siga causando inestabilidad social y política.
Todos los ecuatorianos tienen los mismos derechos y obligaciones.
Entonces es indispensable que los servidores públicos no sean las primeras víctimas del cambio, como tampoco ningún trabajador ecuatoriano.
