Por Fernando Borja Gallegos

11 de enero de 2019

En la República del Ecuador, lamentablemente, en estos precisos momentos circulan rumores de que “se evaluará al actual Contralor General del Estado” y, además, que en un futuro cercano se designará al Fiscal General, para cuyo efecto, se aceptó la hoja de vida de algunas personas.

El señor Presidente Lenin Moreno, en declaraciones públicas exteriorizó su preocupación “Por el lento  impulso de la Fiscalía General en los proceso penales relacionados con la corrupción. Pese a las denuncias del Gobierno y a los informes de la Contraloría General del Estado”

En mi artículo cuyo título es “ACTITUDES QUE PRESAGIAN TORMENTAS EN EL 2019”, publicado el 1 de enero del 2019, afirmé que “En América Latina la galopante corrupción y la falta de castigo de los responsables del caos económico y de la pobreza generalizada repercuten en la desesperanza de las sociedades. Salvo en pocas ocasiones, los jueces y fiscales en solidario entendimiento, difieren la persecución y sanción del delincuente”.

Tomando en cuenta lo expuesto, estoy seguro que la doctora Diana Salazar, quien en actitud impertérrita trabajó con eficacia y valentía en su cargo en el Ministerio Público, será designada Fiscal General, atendiendo a las cualidades anotadas y no a influencias extrañas al bien público.

En tanto en cuanto se refiere al Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, considero que ejerce sus funciones acorde con las disposiciones constitucionales y legales y, por ende, coadyuva al interés público al buscar  la sanción ejemplar de los individuos que se han apropiado de los recursos del Estado. Por tanto, la eficaz conducta del Contralor General ya fue evaluada por la sociedad.

Se infiere de lo analizado y dadas las circunstancias y hechos puntualizados, que la sociedad civil se debe unir para exigir la condigna sanción de los culpables de hechos dolosos y, en especial, debe actuar con la energía que corresponde en defensa de los pocos funcionarios que cumplen con su deber.

La actitud indolente de quienes administran la cosa pública, presagia, como afirmé en mi citado artículo, el debilitamiento del sistema democrático en América.

No es por demás, rememorar que ante la actitud irresponsable del Fiscal General del Perú, que pretendió excluir a los Fiscales del conocimiento de los delitos cometidos por ex Presidentes de la República en el denominado “Caso Odebrecht”, el Jefe de Estado con el apoyo de su pueblo, reaccionaron indignados y consiguieron que el Fiscal General se retire de su cargo y, también obtuvieron que los rectos Fiscales, continúen con la investigación de los delitos que escandalizaron a su Presidente y a su pueblo.