El BID  dice que esta situación podría mejorar  si se comienza  a implementar  lo que denomina  el   "gasto inteligente en educación",  que propone responder, además del cuánto se gasta, cómo movilizar más recursos de forma sostenible, cómo  distribuirlos, cómo ejecutar y cómo asegurar que esas inversiones tengan impacto en los aprendizajes.

Según el BID, los sistemas educativos en la región enfrentan una competencia constante por recursos con otros sectores como salud, seguridad e infraestructura. A ello se suman los ciclos de volatilidad fiscal, que suelen golpear más fuerte a la inversión social.

No obstante  algunos países  han comenzado a diseñar  marcos fiscales que protejan la educación. Cita como ejemplos  de esta iniciativa a Panamá  que ha credo el Seguro Educativo, un impuesto específico sobre los ingresos que garantiza flujos estables; Colombia implementó bonos de impacto social donde inversionistas privados financian programas educativos y el gobierno paga solo si se logran resultados específicos;Brasil ha implementado FUNDEB, que no solo redistribuye recursos entre municipios con criterios de equidad, sino que desde 2020 es permanente y aumentará la contribución federal del 10% al 23% para 2026. En República Dominicana, los pactos fiscales han garantizado un compromiso político de mantener el gasto educativo por encima del 4% del PIB.

Estas experiencias muestran que la sostenibilidad financiera no depende solo de la voluntad política, sino también del diseño institucional. En Chile la Ley SEP asigna 70% más recursos por cada estudiante vulnerable, usando datos socioeconómicos actualizados alumno por alumno. El resultado: la brecha de aprendizaje se redujo el equivalente a un año de escolaridad.

En Ecuador, el sistema de “plantilla óptima” usa algoritmos para asignar más de 30.000 posiciones docentes en minutos, eliminando la discrecionalidad política que antes tomaba meses. Estos ejemplos muestran que no basta con aumentar el monto total del presupuesto: es indispensable asegurar que llegue a quienes más lo necesitan.

Critica  que  en numerosos países, el presupuesto educativo sigue asignándose con criterios históricos o discrecionales lo cual genera inequidades persistentes: escuelas rurales sin suficientes docentes, comunidades vulnerables con infraestructura precaria y zonas urbanas saturadas de matrícula sin recursos adicionales.

El gasto inteligente promueve la modernización de los sistemas de gestión educativa, mediante herramientas digitales, planificación multianual, fortalecimiento de capacidades locales y mecanismos de ejecución descentralizada.

En Perú, el programa de Compromisos de Desempeño (CdD) no solo vincula recursos con metas específicas, sino que provee asistencia técnica para ayudar a gobiernos subnacionales a cumplirlas, evitando un enfoque puramente punitivo. En Colombia, el SIDRE de Bogotá consolida las necesidades de 406 escuelas públicas en una plataforma digital, reduciendo dramáticamente los tiempos de adquisición.

Un exceso de reportes, indicadores y controles puede generar parálisis administrativa en lugar de impulsar mejoras.

El BID ahora promueve sistemas de monitoreo inteligentes, que combinen rigor técnico con flexibilidad operativa y que integren tanto datos cuantitativos (resultados de aprendizaje, tasas de matrícula, infraestructura) como cualitativos (percepción de docentes, satisfacción de familias, innovaciones locales).

Un ejemplo ilustrativo proviene de Jamaica, país que ha avanzado en la creación de la plataforma Manage, implementada como piloto en 51 escuelas con apoyo del BID, que conecta la ejecución presupuestaria con indicadores de desempeño escolar y resultados de aprendizaje en tiempo real. Más allá de un ejercicio de control, el monitoreo se convierte así en un instrumento estratégico para asegurar que cada dólar invertido genere valor real en las aulas.