En este  juicio están involucrados  por el supuesto delito de cohecho los  exgobernantes Rafael Correa Delgado, Jorge Glas Espinel y otros 19 exministros de la Revolución ciudadana y empresarios.

 Durante la audiencia de este martes  18 de febrero del 2020,  Pedro Espinosa, exfuncionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República,mediante video conferencia desde España, reveló que por orden de su jefe, Alexis Mera acudió a la oficina  de  Pamela Martínez, exasesora de Correa, quien le   entregó dos sobres manila cerrados los  cuales fueron entregados directamente a Mera. Durante  la video conferencia  Mera  interrogó a Espinosa intentando desvirtuar  dicha  entrega, pero  el testigo se ratificó  asegurando que  el exfuncionario  recibió  de sus manos los sobres. Según la Fiscalía General  el contenido  de dichos sobres era  dinero.

 El quinto día de audiencias  de juzgamiento  contra Correa, Glas y otros 19 exministros  y empresarios  se caracterizó por los incidentes  verbales que protagonizaron algunos abogados  defensores de los acusados.El Tribunal sancionó a Cornelia Salcedo, abogado de Glas y dispuso sea multada con el  50% del salario básico unificado, pero esta   sanción fue derogada por pedido de los    jueces Iván Saquicela y Marco Rodríguez.

El testigo Gustavo Bucaram reveló  que en el 2013, como funcionario de la Gobernación del Guayas viajó a Quito a retirar USD 100 000 en efectivo de la oficina de Pamela Martínez y que dicha suma la entregó   a Viviana Bonilla en ese entonces  candidata a la alcaldía de Guayaquil. Ese dinero lo recibió la señora Bonilla y su esposo en su domicilio,aseguró. Bucaram  denunció que  la asambleísta Bonilla  intentó impedir  que  realice su testimonio.

 La  Fiscalía solicitó que se declare como testigo hostil a Ernesto Guerrero., un proveedor de equipos para eventos, tras supuestamente contradecirse en su testimonio juramentado. Se ordenó que permanezca en la sala de testigos con resguardo policial pero luego fue liberado por los jueces, al considerar que lo que parecían inicialmente contradicciones fueron aclaradas con su declaración.

  El testigo Santiago C. dijo que en 2013 la agencia Uma Creativa lo contactó para realizar fotografías publicitarias de los candidatos a la alcaldía por Alianza País y que la empresa que asumió los gastos fue Hidalgo & Hidalgo.Por su lado  Eduardo M. declaró  que recibió un pago de la empresa Metco a cambio de un proyecto fotográfico solicitado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República.

De otro lado  el proceso  continuó   con    la extracción y materialización de la información encontrada en los equipos informáticos incautados en el estudio jurídico de Alexis Mera, exsecretario  jurídico de la Presidencia de la República  y en las  computadoras del    bufete Romero Menéndez  de Guayaquil, en cuyo disco duro se encontró  información de   contratos de empresas relacionadas con el   caso.

También  se conoció  sobre  las  conversaciones de varios  procesados, pero dicha información fue  declarada reservada porque en ella  hay  datos que    deben ser  protegidos  dentro del  derecho a la intimidad de los involucrados.

 Además  se  receptó las declaraciones de un   auxiliar de servicio de la Presidencia de la República que trabajaba  con   Pamela Martínez  y Laura Teràn.Este testigo  reveló que   Laura Terán  le disponía que  envié   correos electrónicos desde su computadora,   realizar depósitos de pagos de arriendo o alícuotas e incluso  un depósito de 6.000 dólares   a la cuenta personal del expresidente Rafael Correa.Además tenía a su cargo la    entrega de  facturas de Odebrecht a la compañía Nexoglobal en sobres cerrados.

 Otro testigo,  experto en grafología,  entregó  un informe  o  pericia que determinó que  Pamela Martínez había escrito, en diferentes momentos, y en   once  libretas  y cuadernillos  nombres  de altos funcionarios, de empresarios, compañías y cantidades de dinero entregadas a determinadas personas.En esos cuadernillos  hay el  registro  de los gastos del movimiento Alianza PAIS atendiendo  pedidos  del expresidente   Correa.

Así mismo los jueces  escucharon el  testiimonio  de   una policía, experta en finanzas, que levantó cinco partes policiales referentes a los “Archivos Verdes” y el archivo “Victoria Andrade”, encontrados en las computadoras de Laura Terán. La policía detalló el nombre de cada empresa que constaba en esos archivos, con el número de facturas y la cantidad de dinero que habrían entregado y  la relación contractual de varias empresas involucradas en el Caso Sobornos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

 Fue llamado a testificar, además, el perito que ejecutó el allanamiento a las instalaciones de las oficinas donde funcionaban las empresas Sanrib y Fopeca, en las que se encontraron documentos con información relacionada a estas empresas, todas relacionadas con los empresarios procesados.

Finalmente, el perito informático que materializó los documentos contractuales entre la compañía Sanrib y Fopeca, y la Secretaría del Agua y el Ministerio de Sectores Estratégicos, rindió su testimonio.