DIARIO EL TIEMPO DE QUITO
3 DE MARZO DE 1979
Contra el viento y la marea
UN VIEJO ARGUMENTO PARA CONSEGUIR UN VOTO
Javier Simancas C. (Juan de la Luna S.)*
Una de las principales armas propagandísticas que ya están empleando los candidatos a diputados nacionales es la conocida argumentación de que serán los abanderados de la lucha contra la corrupción administrativa, el peculado, el enriquecimiento ilícito y uso indebido de los recursos públicos en provecho personal.
Viejas argumentaciones de estas figuras políticas que ya tuvieron la oportunidad de enfrentar estos azotes sociales, pero que en la hora de las realizaciones y cuando estuvieron en el último Congreso antes de la proclamación de Velasco Ibarra como dictador y subsiguiente derrocamiento por un triunvirato militar, olvidaron estos objetivos para dar paso a las discusiones intrascendentes y se hundieron en los artificiosos debates políticos.
Las pretendidas reformas legales para sancionar a los autores de hechos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, aquellas reformas a los Códigos que trataron de introducirse por necesidad histórica siguen durmiendo en los escritorios de nuestros venerables magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ningún legislador antes de los golpes de Estado, ni los funcionarios jurídicos que tuvieron a su cargo la elaboración del nuevo proyecto constitucional y de las reformas de la Carta Política de 1945, por encargo del gobierno militar, se preocuparon de introducir, como norma constitucional, un artículo que permitan sancionar a los que han llegado a una función pública y han medrado de ella.
Es conocido en cualquier parte del mundo que las Constituciones establecen una norma que controle la corrupción y más aún no existen las leyes pertinentes para sancionar a los infractores.
Cuando asumió el Poder el General Rodríguez Lara, se creo el Consejo de Gobierno, como un organismo que tenía la finalidad de sancionar aquellos funcionarios que habían incurrido en falta contra la integridad administrativa. Cayeron los inocentes, luego vinieron los famosos tribunales especiales, que pretendieron administrar justicia en base a un decreto dictatorial. La mayoría de los sancionados eran víctimas de las denuncias de sus enemigos personales y políticos, mientras que los grandes atracadores de los fondos públicos fugaron del país exhibiendo su impudicia.
Los aspirantes a diputado, con estos viejos slogan en la campaña electoral, pretenden conseguir el voto de los ecuatorianos. Serán elegidos, en cierto, pero hoy deben tener cuidado de que la conciencia política ecuatoriana ya no es la misma de hace una década.
La acción que exigen los candidatos y que ofrecen conseguir cuando lleguen a la Cámara Nacional de Representantes, será juzgada por el pueblo ecuatoriano que estará vigilante de que estas ofertas no sean solamente parte de campaña política.
*Artículo escrito por Javier Simancas C. con el seudónimo de Juan de la Luna S.
