DIARIO EL TIEMPO DE QUITO
8 DE MARZO DE 1979
Contra viento y marea
CÁNONES DE ARRIENDO
Javier Simancas C. (Juan de la Luna S.)
Merced a un Decreto Supremo se prohíbe a los propietarios de vivienda alzar los cánones de arriendo. Esta medida seguirá vigente por doce meses.
En otras palabras disposiciones muy sencillas parecerían que resuelven uno de los más graves que atraviesan las familias ecuatorianas que carecen de vivienda propia. El cumplimiento simple del decreto frenaría uno de los fenómenos de explotación más organizados después de la venta de los predios urbanos.
Pero por desgracia, la falta de disposiciones complementarias a este Decreto en vez de solventar el problema provoca la reacción adversa del propietario. Este utiliza toda clase de artimañas para despechar al arrendatario. Comienza pidiendo una renegociación de los contratos; si no da efecto esto, comienzan los cortes de la luz, agua, cierre de los servicios, en fin, una violación de derechos ilimitada que tiene que ser soportada en silencio por las víctimas que prefieren callar antes que comenzar un nuevo peregrinar en donde vivir.
Falta un control real y severo de parte de la Municipalidad. Esa oficina de inquilinato parece que solo existe en nombre, de ahí que en vez de congelarse los cánones como manda el Decreto inmediatamente, como ya sucedió hace dos años, los propietarios iniciaron un aumento escalonado de los arriendos y ahora es muy difícil, porque por pobre que sea el departamento o la pieza, no tiene el real valor mensual.
En famoso centro histórico de Quito se ha tugurizado porque , es donde generalmente se aglutinan decenas de familia en un solo edificio. En ese sector hace dos años, por ejemplo, una vivienda de dos piezas y una cocina en un lugar húmedo y con un servicio sanitario para cincuenta y cien familias, el arriendo costaba mil quinientos sucres. Hoy cuesta más dos mil quinientos sucres y con el peligro de que quien reclame, en un plazo perentorio debe desocupar la vivienda.
Los abusos no solamente se presentan en esos sectores, sino incluso provienen de las propias entidades estatales que han emprendido en grandes programas de vivienda. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda se autoriza a los nuevos propietarios para que arrienden su casa o departamento. Para ello basta obtener un permiso proporcionado por alguna de las autoridades de esa entidad. Resulta muy claro que no existe justicia en las adjudicaciones, puesto que quien consigue un departamento ya tiene otra vivienda y la que le adjudican la destina para arrendamiento perjudicando a quien realmente la necesita.
Quito ha emprendido una campaña publicitaria de hacer a la capital de los ecuatorianos “una ciudad para vivir” por los proyectos de desarrollo urbanístico que han sido planeados. Quito debe afrontar los problemas del futuro; debe volver, como obligación moral, sus ojos hacia los problemas sociales de sus habitantes. Esta tarea puede justificar la acción de las autoridades elegidas por voto popular directo, pues en lo que se refiere a la conclusión de obras no hay mayor problema porque están perfectamente financiadas.
*Artículo escrito por Javier Simancas C. con el seudónimo de Juan de la Luna S.