Por Fernando Borja Gallegos

18 de diciembre de 2023

El domingo 17 de diciembre de 2023, la mayoría de chilenos, es decir, más del 55%, votó en contra de la reforma de la Carta Política. El proceso electoral tuvo lugar en medio del hastío de la gente por tanta propuesta intrascendente, ´proveniente de una clase política desprestigiada. El 55% en contra y 44% a favor, puso fin a la pretensión de modificar la Carta Política, por segunda vez.

No se debe olvidar que hace un año el pueblo rechazó por un 62% de votos, el proyecto elaborado por una mayoría de izquierda. Los chilenos han adquirido clara conciencia de que una Nueva Constitución no resolverá los problemas fundamentales. La solución a los planteamientos puntualizados en la crisis de octubre de 2019, no parece que inspiraron a las cúpulas de los debilitados partidos políticos, para que indiquen el camino que dé respuesta integral a las demandas planteadas en el referido año.

Luego del fracaso electoral del primer proyecto elaborado por la extrema izquierda, que como manifesté, alcanzó un 62% de rechazo, la segunda propuesta elaborada por la extrema derecha, tampoco tuvo acogida, por ende, la actual Carta Política vigente, con las pocas reformas introducidas en la Presidencia del Presidente Lagos, continuará vigente.

Por lo expuesto, en muchos años no se pretenderá un tercer proceso tendiente a reemplazar la Constitución, lo cual es bueno, no se puede seguir alterando el panorama para distraer a la población.

Es urgente que los políticos se preocupen de la grave emergencia económica, del desempleo, de la falta de inversión, por la salud y la educación.El pueblo chileno, es un pueblo patriota, inteligente, no busca el enfrentamiento, tampoco el caos. No quiere cambios bruscos, rechaza los extremismos, provengan de la derecha o de la izquierda.

Ante la derrota anotada de los propugnadores de aparentes cambios y de sus proyectos de Nueva Constitución, el Presidente Gabriel Borich, aseveró que “da por acabado el proceso y se centrará ahora en las prioridades de la gente”.

Por las consideraciones anotadas, los inspiradores de aparentes cambios en América Latina, deben analizar fríamente si procede o no plantear reformas al Ordenamiento Jurídico vigente en sus respectivos países.

En América Latina, la galopante corrupción y la falta de castigo de los responsables del caos económico y de la pobreza generalizada, repercuten en la desesperanza de las sociedades. La indolente actitud de quienes omiten cumplir con su deber, presagia, lastimosamente, el debilitamiento del sistema democrático. Por tanto, los dirigentes políticos, en su mayoría, deben rectificar su conducta a fin de afirmar el imperio de la moral, de la justicia y de la ley.