Este es el caso  de Ecuador, anota a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  que  sigue de cerca las investigaciones sobre la penetración del crimen organizado en la función judicial en Ecuador. Señala que la Fiscalía General del Estado, ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.

Estos casos se habrían producido en el contexto de agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en Ecuador, originada en el accionar violento del crimen organizado. Al respecto, la Comisión condenó el asesinato del Fiscal César Suárez, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien estaba a cargo de las investigaciones referidas a la irrupción de un grupo armado en un canal televisivo el 9 de enero del presente año, anota  la CIDH.

A nivel regional,  la Comisión  advierte que el crimen organizado en los sistemas de justicia de la región ha establecido estructuras paralelas de poder que pretenden cooptar los órganos judiciales, incluso en sus más altas Cortes. En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir presiones internas, externas y hostigamientos contra las personas operadoras de justicia. Por ejemplo, se requiere establecer unidades especializadas que aseguren una capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción que cuenten con fondos apropiados. Asimismo, la remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así como la capacitación permanente y seguridad de quienes investigan casos de corrupción son condiciones esenciales.

La CIDH  destaca las expresiones de voluntad de las autoridades de Ecuador para luchar contra la corrupción y garantizar la independencia judicial frente a injerencias del crimen organizado transnacional e insta al Estado ecuatoriano a redoblar las medidas de protección a favor de personal judicial y fiscal, y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por la violencia contra personas operadoras de justicia.