Antes  de recibir el informe completo  de parte del Ecuador, esta organización  hizo algunos señalamientos  de las acciones militares y policiales que se han venido ejecutando. Tal pronunciamiento se sustenta en un informe  de la oficina  de Amnistía Internacional en Ecuador.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU que tiene su sede en  Ginebra, dice que el   presidente Noboa ha optado por aplicar  mano dura a las políticas de seguridad  y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de “terroristas”; declarado la existencia de un “conflicto armado interno” y prorrogado constantemente  con estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix. Amnistía Internacional, por su lado, señala  que hay  miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas—, presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad. 

Estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente, agrega AI.

“Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras. La población de Ecuador merece vivir en condiciones de seguridad sin tener que renunciar a sus derechos”, . La comunidad internacional tiene un papel fundamental en llamar a las autoridades ecuatorianas a actuar con transparencia y a rendir cuentas, y ha llegado el momento de que lo haga. Estados Unidos debe garantizar que la asistencia económica y técnica que brinda a Ecuador en materia de seguridad no se utilice para socavar los derechos humanos.”, sostiene Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Según el Comite de DD.HH. ONU el carácter indefinido de los estados de excepción vulnera las normas internacionales de derechos humanos, que establecen que estas medidas deben ser excepcionales y temporales. El despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en el control de las prisiones plantea riesgos para los derechos humanos porque el personal militar está entrenado para combatir al enemigo y no para proteger a la población civil.

Además  dicha Organización afirma  que hay miembros de la policía y el ejército que podrían haber intervenido en violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Según la Fiscalía General del Estado registró denuncias de 12 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, 4 casos de posibles desapariciones forzadas y 95 casos de posibles torturas, entre enero y julio de 2024. En contraste, en 2023, esta instancia únicamente había registrado 5 casos de ejecuciones extrajudiciales durante todo el año.

La militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos.  Todas denunciaron haber sufrido directamente algún tipo de incidente de seguridad durante el último año o conocer a un defensor o defensora de los derechos humanos que lo había sufrido.

 A lo largo de este año, Noboa ha estigmatizado repetidamente a las personas defensoras que trabajan por los derechos de las personas detenidas, calificándolos de “antipatrias.” Las organizaciones también han denunciado la renuencia de los altos cargos públicos a reunirse con ellas y el hecho de que cada vez les resulta más difícil acceder a la información pública, en concreto a los datos sobre los derechos humanos y los planes y políticas gubernamentales, como el Plan Fénix.

Amnistía Internacional también ha recibido información preocupante sobre la falta de acceso de las personas privadas de la libertad a servicios básicos, como la alimentación, el agua y medicamentos.El control  de las fuerzas armadas tampoco ha garantizado la seguridad del personal penitenciario. Este año han sido asesinados al menos tres directores de prisión: la directora de la Penitenciaría del Litoral —la mayor del país—, en la provincia de Guayas, y los directores de las prisiones de las provincias de Manabí y Sucumbíos.