Ricardo Homs

Todos entendemos perfectamente que estas elecciones fueron definidas por el valor que le representó al electorado la ayuda que el Gobierno federal otorga a las familias, de las cuales muchas de ellas con esta ayuda pudieron salir de la pobreza.Sin embargo, ninguna institución representativa del sector empresarial ha reivindicado el origen de las ayudas de tipo social que otorga el gobierno, las cuales llegan a través de los impuestos que paga el sector productivo del país. 

El pago de impuestos de las empresas -así como de sus trabajadores y sus accionistas-, también genera el presupuesto que permite el financiamiento de servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, la obra pública, la seguridad y además, mantiene la nómina de toda la infraestructura de trabajadores al servicio del estado, por citar algunos rubros.

Es fundamental dejar claro ante la sociedad que los gobiernos no generan recursos económicos, ni tienen la posibilidad de hacer dinero en su fábrica (de billetes), si este no está sustentado en la productividad del país que se genera desde la iniciativa privada.

La vocación y la responsabilidad de cualquier gobierno es administrar y redistribuir el dinero que obtiene a través de los impuestos.

Si las empresas mexicanas desaparecieran -porque dejasen de ser competitivas en los mercados-, el gobierno dejaría de recibir impuestos y tarde o temprano no tendría los recursos económicos para pagar todas las prestaciones y ayudas sociales que hoy reciben millones de familias mexicanas a través del gobierno.

Sólo fortaleciendo y apoyando al sector empresarial se podrá garantizar que nunca falte dinero para apoyar a las familias más necesitadas de este país.

Las pequeñas y medianas han sido olvidadas por este gobierno que finaliza, mientras paradójicamente las grandes fortunas se han incrementado escandalosamente durante este gobierno del presidente López Obrador.

Sin embargo, diversos estudios del Inegi reconocen que 70% de los empleos en México los generan las pequeñas y microempresas, las cuales por su gran volumen suman una gran masa productiva que hoy está conformada por casi cinco millones de Mipymes, o sea pequeñas y micro.

En contraste, medianas y grandes, suman un poco menos de cien mil empresas.Preocupante es que las Mipymes son las que hoy están siendo acosadas por el crimen organizado con el cobro de derecho de piso y además, son extorsionadas por autoridades menores a lo largo de nuestro territorio.

El gobierno les deja a su suerte frente a la delincuencia organizada y las cámaras empresariales no se han comprometido con ellos “codo con codo”.Es urgente voltear a ver hacia este sector y convertirlo en el eje de nuestra economía. Lo primero que habría que ofrecerles es seguridad, protegiéndolos de la extorsión.

Mientras no exista un trabajo de inteligencia para desintegrar bandas delictivas el problema de la extorsión seguirá creciendo.

Este debiese ser el primer reto que asuma el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, si quiere impulsar el crecimiento de nuestro país.

Ser empresario no es un oficio, sino una vocación. Por ello será necesario desarrollar el sentido de pertenencia a este sector y el orgullo por pertenecer a él, por parte de micro y pequeños empresarios, que son el alma y corazón de nuestro sector productivo.

LA REFORMA JUDICIAL

Parece ser que los riesgos de intervención del crimen organiza do en las elecciones de ministros, magistrados y jueces -que pretende imponer la reforma judicial que se votará en septiembre de este año por la nueva legislatura-, están siendo minimizados por el Presidente. ¿Tampoco estará considerando que la ley no puede ser retroactiva?… Este es un principio universal del derecho. Aun si fuese aprobada esta reforma, la instrumentación de este artículo operaría a partir de las jubilaciones de los funcionarios actuales, pues la remoción de estos sería inconstitucional y un rompimiento del Estado de derecho. Los ministros, magistrados y jueces actuales deben ser intocables. Sólo quienes se jubilen y las nuevas plazas podrían estar sujetas a la nueva modalidad. ¿A usted qué le parece?

* Artículo tomado del diario El Universal de México, con autorización del autor para  www.radioequinoccio.com  de Ecuador

Ricardo Homs*

El presidente López Obrador ha declarado como una “cláusula irrenunciable” el someter a votación popular la selección de ministros de la SCJN, magistrados y jueces. Esto es una bomba de tiempo de proporciones mayúsculas.

Más allá de sus argumentos y de sus buenas intenciones, el daño puede ser descomunal.Si en las elecciones de alcaldes y autoridades municipales la delincuencia organizada metió mano, bloqueando candidatos, amenazando a unos para que abandonasen la contienda, asesinando a otros, e impulsando a unos más, así como presionando a la población en las zonas donde los grupos delictivos tienen control, para que votasen a favor de sus protegidos, esta cláusula a la que hace referencia el Presidente se convertiría en la “caja de Pandora”.

Que urge realizar una reforma judicial, es inaplazable. Sin embargo, el cómo y con qué cambios es donde radica la diferencia.

Si aún hoy no podemos dimensionar la cantidad de dinero sucio que pudo haber sido invertido por la delincuencia para apoyar a sus candidatos afines —en las pasadas elecciones del 2 de junio—… Entonces, ¿qué podría suceder en una campaña organizada para designar ministros, magistrados y jueces?

Nuestro actual sistema innegablemente es imperfecto y proclive a las injusticias y la corrupción. Sin embargo, con voluntad política firme y la colaboración de los mismos miembros del Poder Judicial, es factible darle un vuelco y sanearlo, para convertirlo en lo que debe ser.

Una encuesta dirigida al “pueblo” significa capitalizar los agravios que el ciudadano viene arrastrando y el resentimiento por las injusticias, las cuales existen desde siempre y se viven hasta hoy.

La reforma no debe ser consultada con el pueblo, sino con los expertos en derecho de las universidades y de las organizaciones civiles que representan a los profesionales. Además, se deben analizar los intentos realizados en otros países del mismo nivel del nuestro.

En una consulta abierta y popular, el pueblo dará un respaldo emocional a la iniciativa presidencial. En contraste, los profesionales del derecho ofrecerán respuestas constitucionales y con propuestas de beneficio colectivo.

El mayor riesgo lo representa la altísima probabilidad de que el crimen organizado patrocine las campañas de ministros, magistrados y jueces, para controlarlos, como ha sucedido en muchas regiones con la elección de alcaldes y quizá otros cargos más importantes aún. Éste es un riesgo de “seguridad nacional” que aún no se ha dimensionado.

Los organismos conformados por profesionales del derecho, así como universidades, deben manifestarse a partir de estos escenarios.

Empoderar al pueblo como guía en la aplicación de la justicia traería aparejada consigo una nueva cultura jurídica de tipo popular, que generará pérdida de autoridad para el Estado mexicano y el incremento de actos de barbarie aplicados como justicia colectiva. Se incrementarían los actos justicieros de turbas enardecidas que en muchas ocasiones culminan en linchamientos con crueldad extrema.

Sin embargo, el peor escenario será dejar en manos del crimen organizado —a través de sus jueces apadrinados y patrocinados— la aplicación de la justicia.

La mesura y el análisis profundo a la luz del derecho debe aplicarse en este tema tan peligroso para el futuro del país y no responder a intereses políticos.

Dos pesos y dos medidas

Cuando se investigó la corrupción del Poder Judicial en la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, con testimonios de jueces que denunciaron haber sido amenazados e intimidados por Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, no sucedió nada y no prosperaron las denuncias.

En cambio, por una cena organizada por la ministra Piña —simplemente para conciliar de buena fe los conflictos internos del Tribunal Federal Electoral—, el presidente López Obrador armó un escándalo y a partir de ello pretende desacreditar al Poder Judicial para poder someterlo a una reforma agresiva.

Dos pesos y dos medidas.

¿A usted qué le parece?

* Artículo tomado de diario El Universal de México con autorización de su autor para www.radioequinoccio.com  de Ecuador

Por Fernando Borja Gallegos
12 de junio de 2024
Importante rememorar que el 10 de febrero de 2019, en Radio Equinoccio.com, publiqué mi artículo “EL PREMIO NOBEL A LA CORRUPCION”. Artículo reproducido en la página 49 de mi libro “El imperio del delito –de los indignados de ayer a los enardecidos de hoy-“, primera edición de febrero de 2020, en el cual afirmo: “El filántropo Alfred Bernahard Nobel, fue un intelectual químico e ingeniero, que instituyó en su testamento los premios que tienen su nombre y se entregan desde 1901, en Física, Química, Medicina, Literatura y Paz; y, desde 1968, en Ciencias Económicas.

En la Academia y en sus instalaciones no solamente se dedicaron al análisis de la creación en los campos de la ciencia y de la cultura en general, ya que muchos de sus miembros, en algunas ocasiones, se dedicaron al amor y al frenesí y, en su desbordante pasión, entraron en el campo de las vejaciones y abusos, como lo denunciaron varias mujeres.

Por el gran escándalo producido, la académica Katarina Frostenson, abandonó la Academia por las graves acusaciones contra su marido el dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Interesante rememorar que la Real Academia de Ciencias Sueca, sufre el deterioro de su prestigio, por el caso del médico-cirujano Paolo Nacchiarini, que es investigado por la muerte de seis de sus pacientes.

El Premio Nobel de Medicina en el año 2018, Arvid Carlsson, afirmó que “es el peor escándalo en la historia de los Nobel”. Si agregamos a los referidos casos, la impugnación que se ha exteriorizado respecto de los Nobel conferidos a personas que no lo merecían, obliga a que se cree el “Premio Nobel a la Corrupción”, premio que recaería en América Latina, tomando en cuenta que la mayoría de sus ex Jefes de Estado, de sus Ministros, Legisladores y Miembros de la Función Judicial, están involucrados en múltiples delitos, entre otros, peculado, cohecho y, últimamente, acoso sexual”.
Se complementa lo transcrito con lo que contiene mi artículo “La corrupción invade el premio nobel de literatura”, publicado el 28 de abril de 2018, en Radio Equinoccio.com.
Hoy, la República del Ecuador, se debate entre la miseria, el miedo y la corrupción, por lo que, la inmensa mayoría de sus habitantes, caracterizados por nobles cualidades morales e intelectuales, exteriorizan repudio por lo que acontece en el país.
La minoría amoral que busca disociar a la República, logró llegar a la más alta cima en el campo de la corrupción, varios de los integrantes de las funciones del Estado despreciaron el Orden Jurídico y al margen de él, cometieron grandes desafueros. Basta citar como ejemplo que Ministros de los más altos Tribunales de Justicia desde la cumbre del delito llegaron a estafar y a engañar a varios delincuentes que, buscados por la justicia, denunciaron los chantajes y coimas a las que se sometieron.
La violencia imperante, el debilitamiento del Orden Jurídico y los cómplices y encubridores que impiden la condigna sanción de los infractores, obligan a la mayoría del pueblo ecuatoriano a meditar, seriamente, respecto de la necesidad de reformar la Constitución y Leyes de la República y a la reorganización pertinente de las instituciones del Estado.
Por los antecedentes expuestos, ratifico mi criterio de que amerita instituir el premio Nobel a la corrupción, premio que no significaría el emolumento económico sino un certificado que consigne los antecedentes penales del actor y su condigna sanción.

Por Fernando Borja Gallegos
11 de junio de 2024
La prensa nacional e internacional a fines de mayo del presente año, publicaron declaraciones de la General Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, vertidas en la Academia Policial de Panamá, en la clausura de la “Competencia Fuerza Comando 2024”, en la que participaron miembros de las Fuerzas Armadas de varios países, entre otros, de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, etc.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
La General Richardson, dijo: “Los mandos militares deben unirse para enfrentar las amenazas contra las democracias que llevan a cabo gobiernos autócratas”. Aseveró, además, “Nuestros enemigos se despiertan todos los días tratando de reemplazarnos, tratando de reemplazar la democracia, pero el equipo de la democracia que estoy viendo es mucho más fuerte que el de nuestros enemigos de la democracia. Es un equipo poderoso que trabaja en todos los ámbitos para garantizar un hemisferio occidental libre, seguro y próspero”.

Sobre el particular, considero oportuno reproducir mi artículo que publiqué el 18 de febrero de 2024, en Radio Equinoccio.com, con el título ECUADOR Y SU FUERZA PUBLICA, en el cual destaco lo expresado por el Embajador de Estados Unidos en Quito, señor Paul Lambert, en 1991.

“El pueblo civil y el pueblo armado son quienes forman la nación. Uno y otro son indispensables para la subsistencia de la patria, por lo que no se los puede enfrentar, por lo contrario, se los debe unificar a fin de que todos coadyuven al engrandecimiento de la República. La Fuerza Pública: Fuerzas Armadas y Policía Nacionales, se deben al Estado, por ende, son indispensables para garantizar el Orden Jurídico, por tanto, el imperio de la ley y de las garantías atinentes a la libertad, la vida y el progreso. En el actual preciso momento, extraños elementos conspiran contra las instituciones armadas: soterrados ataques dirigidos a debilitar la unidad y el prestigio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacionales, múltiples declaraciones pomposas de reducir los gastos de la defensa, mientras tanto, se festinan y se festinaron los fondos públicos y se repartieron dineros del erario nacional, entre delincuentes que organizados gozan de impunidad. La actitud indolente de muchos que administraron la Cosa Pública, como afirmé en su oportunidad, obtuvieron el debilitamiento de las Instituciones Públicas y el debilitamiento del sistema democrático.

El irrespeto a la ley patrocinado y alentado por los cómplices del caos y el desconcierto provocan la lógica indignación en el pueblo ecuatoriano. Como sostuvo el señor Paul Lambert, Embajador de los Estados Unidos en Quito, en 1991: “la corrupción no es inofensiva y no puede ser tomado como un vestigio curioso y benigno del subdesarrollo. Cuesta la inversión, cuesta el prestigio nacional. Destruye los fundamentos de la sociedad”. Se infiere de lo expuesto, que es indispensable dotar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de los recursos indispensables a fin de que sigan cumpliendo con el deber que les impone la Constitución y la Ley. Indispensable adoptar las medidas conducentes que afirmen el prestigio de la Fuerza Pública y exigir la sanción de quienes pretendan desprestigiarlas con malévolos propósitos. Para alcanzar los nobles ideales que abriga la mayoría del pueblo ecuatoriano es oportuno desechar la pugna constante entre políticos y políticos y buscar la reconciliación nacional que permita reestablecer el orden, la tranquilidad y el progreso nacional”.

Complementase mi citado artículo, con el que se publicó el 19 de junio de 2023, en Radio Equinoccio.com bajo el título de “LA CORRUPCION EN LA EPOCA CONTEMPORANEA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, cuyo texto es el siguiente: “La corrupción en el mundo contemporáneo se incrementa en virtud de la facilidad que ciertos gobiernos otorgan a instituciones públicas y privadas, las que actúan al margen de la ley. En el período del Presidente George Herbert Walker Bush -1989 y 1993-, su Embajador en el Ecuador, señor Paúl Lambert, en un discurso que pronunció en Quito, en la Cámara Ecuatoriana-Americana, el 21 de noviembre de 1991, sostuvo: “… Otro factor que desanima a la inversión extranjera es el problema de la corrupción. La corrupción agota los recursos de un país, malgasta las energías de su gente más talentosa y destruye la autoestima de un país.

El Ecuador no puede darse el lujo de ser indulgente con la corrupción. La corrupción no es inofensiva y no puede ser tomada como un vestigio curioso y benigno del subdesarrollo. Es un vicio costoso. Cuesta la inversión. Cuesta el prestigio nacional. Cuesta la autoestima nacional. Destruye los fundamentos de la sociedad”.

Los referidos asertos del Embajador Lambert, como destaco en las páginas 129 y 130, de mi libro “Aquí existió un país: su noble pueblo no pudo contra la corrupción”, primera edición, de 2001, se deben a que, con indignación y, por qué no, con tristeza, miraba estupefacto, la destrucción de la sociedad, por obra de la impunidad que anima a los inmorales para seguir cosechando sus frutos a costa del pueblo ecuatoriano.

El Presidente Barack Obama -20 de enero de 2009 a 20 de enero de 2017- nombró para el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos a la destacada jurista Loretta Lynch, en el ejercicio de su cargo la valiente y ejemplar Fiscal -2015 a 2017-, descubrió la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado –FIFA- y obtuvo el castigo de muchos de sus dirigentes. Persiguió múltiples fraudes y lavado de activos. La citada Fiscal General aseveró: “… Nada ni nadie está por encima de la ley y la justicia perseguirá a aquellos que han delinquido sin tener en cuenta lo poderosos que sean”.

La mentada y enérgica declaración, la reproduzco en mi artículo “Odebrech: escóndete te pueden involucrar”, de 8 de marzo de 2017. Dicho artículo forma parte de la página 161 de mi libro EL IMPERIO DEL DELITO, de los indignados de ayer a los enardecidos de hoy”, primera edición, febrero 2020. El Presidente Donald Trump, -20 de enero de 2017 a 20 de enero de 2021-, ordenó “suspender la visa otorgada a individuos vinculados con actos de corrupción”. El Embajador de Estado Unidos de Norteamérica, Michael J. Fitzpatrick, en diciembre de 2020 sostuvo “…el gobierno estadounidense retiró 320 visas a ecuatorianos vinculados en casos de corrupción”. Indispensable subrayar que, en la Cumbre de la Democracia, convocada por el Presidente Joe Biden, en diciembre de 2021, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió “que su país es, en estos momentos, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas, mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas”.

Además, aseveró que “Estados como Delaware, Nevada, Montana y, especialmente, Dakota del Sur, operan como paraísos fiscales en los que resulta fácil crear compañías fantasmas”. “… la permisividad de EE UU, con este tipo de operaciones es algo que está a punto de cambiar porque el Gobierno ya se encuentra implementando la Ley de Transparencia Corporativa…”.

No es por demás destacar hechos de corrupción como los que se produjeron en los años 2021 y 2022, en los cuales se rememoró que el señor Nikolás Lobel, diputado del partido de la Canciller Merkel, reconoció haber cobrado 250.000 euros, por comisión para favorecer la compra de mascarillas por parte de la administración pública. Así también la eurodiputada Eva Kaili, el 10 de diciembre de 2022, fue despojada del cargo de Vicepresidenta del Parlamento Europeo y detenida, por corrupción al vincularla “con ciertos manejos ilegales con Qatar”.

Se infiere de lo expuesto, que es fundamental que todos los gobiernos, se comprometan a retirar las visas otorgadas a quienes se les compruebe, previa la sentencia judicial pertinente, conductas que se riñen con la moral y la ley. De actuar mancomunadamente, la comunidad internacional en este aspecto, se obtendría que los delincuentes se vean imposibilitados de refugiarse en otros países para evitar la condigna sanción”.
Por lo anotado, coincido con la Señora Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, en tanto en cuanto se refiere a que es indispensable trabajar juntos para garantizar la democracia y, por ende, la libertad.